El Tiempo
La discordia entre taxistas y conductores de transporte especial (los de carros con placas blancas) llegó a su peor momento. Una encerrona y las agresiones que un grupo de taxistas le hizo al carro de Andrés Bernal –quien dice prestar el servicio de transporte a través de Uber– muestran cómo un lío de transporte se volvió de orden público.
De un lado, los taxistas, autorizados por el Ministerio de Transporte, insisten en que hay competencia desleal y en que no tienen cómo hacerle frente a un grupo de conductores que trabaja de manera ilegal, a través de plataformas tecnológicas que les facilitan captar pasajeros.
En medio de esta pelea han quedado las aplicaciones móviles, como Uber, Uber X, Lyft, Mi Águila y Tripda, entre otras, que se han visto envueltas en un debate que cuestiona su legalidad, pues han abierto la puerta para que muchos conductores de carros de transporte especial, los de color blanco, presten de manera ilegal (según el Código Nacional de Policía) el servicio de transporte individual de pasajeros.
También quedan damnificados los conductores blancos que trabajan como lo establece la ley: mediante contrato, para la movilización de pasajeros de colegios, empresas y planes turísticos. Ellos también están en la mira de la Policía, que ha endurecido sus controles, y de un sector de taxistas que están dispuestos a agredirlos.
Un año de conflicto
¿Por qué, si la polémica existe desde hace más de un año, el país no ha podido resolver el problema? Al ser una no tan nueva –aunque sí reciente– tecnología, no se previeron los conflictos que pudieron generarse con la oferta de servicios diferentes a través de aplicaciones móviles o servicios de internet, vacío jurídico que tiene hoy a Bogotá y otras ciudades con los taxistas tomándose la justicia por su mano.
Por eso, el Ministerio de Transporte no tiene facultades para intervenir o legislar sobre una plataforma tecnológica, pues no es de su competencia. A esta entidad le corresponde, sí, controlar el transporte.
Al respecto, la ministra Natalia Abello ya ha dicho públicamente que el servicio que prestan esos conductores especiales es ilegal y que también lo es el que una aplicación móvil facilite tal actividad. Y le ha tirado la pelota al Ministerio de las Tecnologías (Mintic), para que decida qué hacer con las plataformas.
Pero el Mintic se ha abstenido de opinar, pues el problema, según ellos no es de tecnología sino de transporte y no puede condenarse a una plataforma por el mal uso que un particular haga de ella. Es como si, por ejemplo, se bloqueara el acceso a un servicio de correo electrónico porque a través de este se lleven a cabo actividades delictivas.
Abello anunció que para este mes tendría un proyecto de decreto para regular este nuevo mercado, que ya es parte de la sociedad moderna. Por ello están a la espera del concepto del Mintic, para ajustar el documento al derecho. Por primera vez este debate pone a temblar a un gremio que por décadas ha tenido el monopolio del transporte y controla los cupos de los vehículos que pueden operar bajo la modalidad de taxi.
Pero el camino no es tan fácil como prohibir. La complejidad radica hallar una salida que no atente contra la libertad de información, de empresa y de internet, pero que ataje al tiempo la ilegalidad en el transporte.
Por ahora, solo queda la vía judicial, tal y como ha sucedido con las aplicaciones y servicios de internet para pornografía infantil o para juegos de azar ilegales que no paguen impuestos al país y que fueron prohibidas por un juez. Mientras tanto, el debate seguirá y los conflictos entre transportadores blancos y amarillos podrían empeorar.
Uber X, la gota que rebasó el vaso
En noviembre se anunció la llegada a Colombia de Uber X, que permite a cualquier carro particular ofrecer el servicio de transporte, luego de una entrevista, la revisión mecánica y de seguros del carro. El usuario utiliza la misma aplicación de Uber, solo que el servicio es más barato y tiene más oferta.
Esto terminó de despertar las mayores protestas del gremio taxista donde funciona Uber X.
NATALIA GÓMEZ CARVAJAL
Subeditora de Bogotá – El Tiempo
